Estas son las cifras de la vivienda social en Antioquia

Un total de 2.909 familias de Medellín alcanzaron, entre 2016 y 2017, a cumplir su sueño de tener una casa propia, mientras otras 942 se beneficiaron con el plan de mejoramientos que adelanta la Alcaldía a través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat, Isvimed, confirmo el director de la entidad, Sergio Gaviria.

Antes de estos dos años, la ciudad vivió un boom de la vivienda gratuita, pues el departamento se benefició con 13.452 de las 100.000 que entregó el Gobierno Nacional en todo el país, entre 2012 y 2015, y de las cuales 10.000 fueron asignadas a familias de la capital del departamento, según información del Ministerio de Vivienda.

Como las asignaciones cesaron prácticamente en 2015, entre 2016 y 2017 la Administración Municipal lo que hizo fue terminar los proyectos iniciados en el primer año y entregó Calasanz I, Tirol III (sector Pajarito), Villas del Socorro (comuna 13) y Altos de San Juan, al occidente de la ciudad.

“En esos dos años el instituto (Isvimed) se dedicó a acabar de ejecutar las unidades que venían en construcción con recursos del Gobierno Nacional, pero paralelo a este proceso se empezó a trabajar en la estructuración de proyectos de vivienda nueva concebidos desde nuestro Plan de Desarrollo”, señaló el director Gaviria.

El Isvimed invirtió $29.500 millones con recursos de esta administración, discriminados tanto en la culminación de los proyectos que venían en marcha pero que se quedaron desfinanciados, como en mejoramientos, titulaciones y reconocimientos de edificaciones, que son aquellas viviendas construidas por la comunidad sin permisos oficiales, sin haber tramitado las autorizaciones de construcción ante las curadurías de Medellín.

Le toca esforzarse

Al respecto, el concejal Fabio Humberto Rivera señala que si se fuera a evaluar el aporte de la actual Administración en materia de vivienda social, la deuda es grande, pues, en su criterio, se hizo muy poco.

“Si bien se terminaron proyectos anteriores, no se nota el esfuerzo, pues las administraciones pasadas, incluso, aunque se beneficiaron con las 10.000 viviendas gratuitas del Gobierno Nacional, construyeron viviendas con recursos propios, sobrepasaron las 10.000”, señala Rivera.

Durante el Gobierno del alcalde Alonso Salazar (2008-2011) se construyeron 16.505 viviendas de interés social. En el periodo de Aníbal Gaviria (2012-2015) se desarrollaron 19.908 unidades.

Advierte que lo que se avecina no es muy prometedor, pues mientras para 2017, en el presupuesto del Plan de Desarrollo, se aprobaron recursos por $119.513 millones, para 2018 se aprobaron $80.000 millones para vivienda social, y de estos, $25.000 millones irán a la financiación de arrendamientos temporales, los cuales se les conceden a familias que habitan en zonas de alto riesgo o las que deberán desocupar para darles paso a proyectos de infraestructura de la ciudad.

Rivera, quien es el concejal que más ha investigado el tema de las viviendas de interés social y ha liderado los más importantes debates del asunto, asegura que un instituto como el Isvimed debería disponer de recursos cercanos a $1 billón para cumplir con todos los programas y, sobre todo, para acortar el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda.

El Dane define el déficit cuantitativo de vivienda como hogares que habitan en construcciones inadecuadas o hechas con material precario o inestable, o familias que comparten con otros la vivienda o residen en condiciones de hacinamiento no mitigable.

El déficit cualitativo hace referencia a hogares que habitan en viviendas construidas con materiales estables, pero con pisos inadecuados; en condiciones de hacinamiento mitigable; que habitan en lugares con servicios inadecuados o que no cuentan con un lugar apto para preparar los alimentos.

Según el censo de 2005 (último realizado), en el país el déficit cualitativo de vivienda era de 23,84% y el cuantitativo llegaba a 12,37%, pero en 2014, el Ministerio de Vivienda, con base en proyecciones propias, del Departamento Nacional de Planeación y del Dane, indicó que el primero estaba en 14,4% y el segundo a 5,54 %.

Otras acciones

Pero la gestión de una institución de vivienda no se mide solo por las viviendas nuevas y las terminadas, sino por las que están en marcha, tal como lo hace el Gobierno Nacional, aclaran tanto el director del Isvimed como la gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Viva, Lina García Gañán.

El Isvimed precisa que ya tiene contratados 1.623 mejoramientos para ejecutar, 1.154 pendientes para contratar y un total de 4.652 diagnósticos para mejoramiento.

“Mejorar una vivienda es tan importante como construir una nueva, y muchas veces hasta más, porque implica no desarraigar a las familias de su barrio, que pueden seguir en su entorno con los vecinos y habitando el territorio donde han construido su historia de vida”, recalca el funcionario.

En muchos casos se requieren obras complementarias de amoblamiento urbano.

Además, está el programa de reconocimiento a edificaciones. Este año se les dio este beneficio a 1.550 inmuebles y hay 3.505 radicados en las curadurías para que estas den el visto bueno a la normalización.

El Isvimed cambió el término legalización por reconocimiento, teniendo en cuenta que estas viviendas no son ilegales sino que “se trata de familias que construyen su segundo o tercer piso en su propia casa sin pedir permiso, pero las construcciones, si se corrobora que están bien hechas, se gestiona ante las curadurías y ellas emiten una resolución que las normaliza”, aclara Gaviria. La meta para estos dos años es normalizar 12.000 edificaciones.

El déficit cuantitativo de vivienda en Medellín, según el Isvimed, es de 32.481 casas (3,04%) y el cualitativo es de 51.408 (6,46%), ambos por debajo de la media nacional.

La meta para lo que resta de esta Administración es construir 5.000 nuevas y acompañar al sector privado en la construcción de otras 15.000 hasta 2019.

Este acompañamiento se da básicamente a través de la tramitación de licencias y permisos para facilitar el desarrollo de los proyectos, y en la aplicación de subsidios a familias sujetas de atención, en algunos casos.

Panorama en Antioquia

En el departamento, la situación es más compleja. La Empresa de Vivienda de Antioquia no ejecuta proyectos sino que aporta al cierre financiero de los proyectos municipales.

“Viva no otorga subsidios, sino que gestiona los recursos ante el Gobierno Nacional y otros entes para los proyectos de los municipios que buscan apoyo”, explica Gañán.

Con corte del 31 de diciembre de 2017 y de acuerdo con el indicador del Plan de Desarrollo de iniciar la construcción de 8.213 soluciones de vivienda en 2018 (incluyendo mejoramientos y nuevas), ya se iniciaron 5.820 soluciones en 78 municipios, de las cuales 2.795 corresponden a mejoramientos y 3.025 a nuevas. También, se realizó el acompañamiento a 5.508 viviendas con el sector privado.

En los últimos años, la cantidad de viviendas de interés social construidas por Viva ha tenido altibajos tanto en las unidades hechas como en los recursos asignados (ver gráfico). En este cuatrienio aspira invertir $109.102 millones.

El aporte en 2017 suma $25.000 millones, recursos provenientes de las transferencias departamentales destinados a la cofinanciación de los proyectos que promueven los municipios.

El déficit cuantitativo en el departamento es de 54.668 viviendas (3,0 %) y el cualitativo de 240.610 (13%).

“Ni el departamento ni los municipios están en capacidad de financiar proyectos de vivienda, se necesita una política nacional de desarrollo de vivienda que permita apalancar los proyectos; hay que pensar en las personas que no son sujetos de crédito, de los estratos 1 y 2, que también necesitan soluciones”, advierte la gerente Gañán.